Por medio de la presente comunicamos nuestra preocupación por la situación que está viviendo nuestra comunidad universitaria, a partir de las afirmaciones y juicios de valor irrespetuosos e irresponsables de varios altos mandatarios, congresistas, concejales, directores del DAS, Fiscales especializados y medios de comunicación, que insisten en estigmatizar el buen nombre y prestigio de nuestra alma Mater, olvidando y omitiendo nuestras labores, reconocimientos académicos, los derechos constitucionales y el informe 048 de Diciembre de 2006 emitido por la Defensoría del Pueblo, en su dependencia sistema de alertas tempranas “SAT”, en el cual advierte:

“Adicional a este estado de cosas, en declaraciones públicas, agentes del Estado y sectores de los medios de comunicación han identificado como ilegales las actividades de protesta desarrolladas por sectores de la comunidad universitaria, con el afán de estigmatizarlos públicamente, por el solo hecho de defender el carácter de la universidad, y lo socialmente conseguido para ella. Estas manifestaciones...emiten un mensaje equivocado a los actores armados ilegales, quienes hipotéticamente hablando encontrarían en estas declaraciones razones y justificaciones, para determinar equivocadamente que los claustros universitarios son un escenario en disputa o un territorio en guerra, y en consecuencia se sentirían habilitados para atentar contra la población en riesgo, desconociendo de esta forma el verdadero propósito de los actores armados que en resumidas cuentas pretenden arrebatar a la comunidad universitaria su autonomía”...

La Defensoría del Pueblo insiste en el tema con la expedición nota de seguimiento N° 021 del 20 de Mayo 2008, ampliando esta exhortación:

“Un factor que hace vulnerable a esta población es la propaganda negra (información falsa) o la desinformación con respecto a lo que pasa en la universidad. Algunos actores de la opinión han identificado como ilegales las actividades de protesta desarrolladas por sectores de la comunidad universitaria, con el afán de estigmatizarlos públicamente...Este tipo de informaciones tiene como consecuencias graves, la desestabilización del gobierno universitario y su autonomía, pues veladamente se le acusa de convivir con manifestaciones delincuenciales, poniendo en peligro de manera irresponsable a las organizaciones sociales de trabajadores, estudiantes y profesores, estimulando de esta forma las fricciones internas interfiriendo de paso con la solución de los conflictos”...

Estas aseveraciones vulneran además derechos fundamentales como el derecho a la libertad de conciencia, al buen nombre y libre desarrollo de la personalidad, derecho a la libertad de información veraz e imparcial, derecho al debido proceso, derecho a la presunción de inocencia, derecho a la educación y los principios como el de legalidad y el de la buena fe, de nuestra comunidad universitaria.

Todo lo anterior tienen consecuencias en nuestro que hacer diario y víctimas de nuestra comunidad académica, de los cuales tenemos quince (15) estudiantes en diferentes niveles de riesgo y vulnerabilidad en sus derechos humanos en especial a la vida e integridad física por parte de grupos organizados al margen de la ley sin identificar, y una orden detención impartida por el Fiscal especializado al docente del distrito William Javier Díaz, coordinador del grupo estudiantil TJER que promueve los más relevantes seminarios y foros de diversos temas académicos en nuestra Universidad y reconocido libre pensador.

Negamos esta política de la que es objeto nuestra comunidad universitaria que no se compromete con la construcción de la universidad pública, con la democracia multicultural, con el pensamiento libre, autónomo y universal.

Atentamente

Dado en Bogotá a los 27 días del mes de noviembre de 2008

CARLOS OSSA ESCOBAR

Rector

Universidad Distrital

Francisco José de Caldas