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Atentado dirigido contra Aida Quinqué: ¿Castigo por la Minga indígena? |
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Fuente: Periodico Desde abajo
La noticia es debastadora. Este martes 16 de diciembre, alrededor de las 4 a.m., se llevó a cabo lo que, de acuerdo al Tejido de Comunicaciones de la ACIN, parece ser un atentado dirigido contra la Consejera Mayor del Cric, Aida Quinqué. Suponiendo que ella se desplazaba en el carro destinado a su servicio, cuando éste recorría la carretera entre los municipios de Inza y Totoró, exactamente en el sitio San Pedro de Gabriel López, fuerzas del Ejército descargaron sus armas de dotación oficial, impactando 17 veces en distintas partes el automotor.
Minutos después, Justo Eliseo Peña, general a cargo de la Tercera División del Ejército, confirmaría el hecho, explicando que todo ocurrió por una confusión, pues, a la voz de ‘pare’, el conductor del vehículo no atendió la orden, versión desmentida por Manuel Rosenthal, asesor del tejido de comunicaciones de
la ACIN, quien asegura que “no hubo retén ni orden de ‘pare’”.
De otro lado, en entrevista telefónica, Feliciano Valencia, consejero del Cric, precisó que, si bien los disparos son del Ejército, “el directamente responsable de los hechos es el Presidente de la república”.
¿Tiros de la ‘seguridad democrática’? Los impactos dieron en el blanco pero no cumplieron su cometido, pues en el vehículo, dispuesto para su seguridad, no viajaba la Consejera sino su marido, Edwin Legarda quien siempre le prestaba el servicio de conductor, comunero que lamentablemente murió.
La Consejera, quien fue vocera en la reciente Minga indígena que conmovió al país, dejó un sello indeleble en la misma por sus convicciones, su seguridad y sus contundentes respuestas, en cada una de las cuales quedó la impronta de la nueva dirigencia con que cuentan los pueblos indígenas.
En momentos en que se concretó el atentado, Aida Quinqué viajaba para Tierradentro a participar en la Junta Directiva de la Consejería del Cric, citada para el 16 y 17 de diciembre en el resguardo de Tobaima.
De esta manera se refrenda una vez más, y se hace aún más evidente, la denunciada criminalización a que está sometido todo aquel que levante su voz en Colombia.
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