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CARTA ABIERTA A LA COMUNIDAD – TJER, PLAN KAZIYADU PDF Imprimir Correo

La solidaridad tiene diversas maneras de manifestarse, algunos rezan o lloran, otros abrazan, y son optimistas, nuestro deber como compañeros, amigos, constructores y miembros de TJER, y quienes hemos venido trabajando con Javier hace tanto tiempo, es mantener Su esfuerzo, el espacio crítico, la palabra reflexiva, seguir su ejemplo, porque aunque la prensa, los medios, las artimañas del sistema estén ahora encarnizados contra la Universidad Pública, las voces disconformes deben hacerse escuchar aún más fuertemente, aunque el trabajo ahora sea mucho más duro, no solo porque nuestras emociones estén alteradas y los afectos sentidos, sino porque en esta situación de miedo generalizado, las puertas se van cerrando, esperamos que las dificultades burocráticas que se han  presentado en otras ocasiones no se acrecienten.

 

El trabajo de nuestra parte continuará y el espacio se mantendrá porque además es una forma de decirle a nuestro compañero aquí estamos y al sistema repetirle que tenemos la razón, que tantos gritos que se levantan, tantos seres que caminan, tantos puños que se levantan, no podrán ser aplacados por más pirámides, por más negocios y espectáculos que monten no nos podrán ignorar, no todos podemos correr, nuestra condición moral nos lo impide, hoy cuando se persigue al medio de comunicación, se criminaliza el conocimiento, se arrincona el arte, vemos como muchos de los que se dicen dirigentes de izquierda aceleran el caminar, esquivan la mirada, fuman nerviosos mientras planean las vacaciones navideñas con familiares y amigos, como en los pasillos y las aulas de las universidades le seguimos el juego a los “más media” y hablamos de pobrecitos los de DMG, tan lúcidos, inteligentes, tan ladrones…mientras los acusados de parapolítica salen de la cárcel triunfantes, victoriosos, tras pagar solo 2 años de cárcel el que más, mientras Mancuso acusa a altos oficiales vinculados con los Paramilitares, mientras los pueblos indígenas y campesinos se ahogan en la profundidad de la falta de planificación y de recursos para la gente, mientras las listas de asesinados y desaparecidos fortalecen los “Falsos Positivos”, mientras los indígenas recorren el país como forma de protesta siendo ignorados por las mayorías de la invisibilización mediática, no se ve que el hijito del Señor Uribe está muy cerca de ese millonario negocio montado, el doblemoralismo del gobierno es tan grande como su ilegitimidad y no podrán durar toda la vida, aunque intenten con la política del miedo acallarnos, no será posible, no lo lograrán.

 

Nuestra voz, nuestro trabajo, nuestro compromiso siguen firmes, trabajaremos esperándote Javier y esperando a todos quienes sienten en su piel la persecución y represión, aquí estamos aunando gritos, construyendo sueños, abrigando esperanzas, porque creemos en la transformación, en la “J”ormación, en la utopía. Porque tenemos derecho a creernos y construir otro mundo posible y creemos en la Universidad Pública, en la Educación Pública y ayudamos a construirla.

 

Los esperamos porque esta labor ha de ser de muchas manos, las nuestras y las suyas, el trabajo colectivo se fortalece entre todos, haciendo de su solidaridad nuestra mejor herramienta.

 

TJER  -  PLAN KAZIYADU PDA

¡QUE EL MIEDO Y EL SILENCIO NO SIGAN SIENDO LAS RESPUESTAS! PDF Imprimir Correo
Articulo Original (pulse aqui )

“El poder come miedo. Sin los demonios que crea, perdería sus
fuentes de justificación, impunidad y fortuna […] desde las cumbres
del poder, ellos amenazan al mundo con nuevas hazañas, mintiendo
peligros, inventando enemigos, sembrando el pánico”.
Eduardo Galeano

Como miembros de la universidad pública y comprometidos con la realidad social colombiana, repudiamos las recientes detenciones y señalamientos de las que vienen siendo víctimas profesores, estudiantes, trabajadores, egresados y en general miembros activos de la comunidad educativa. Dichas acciones pretenden colocar en tela de juicio el valor de la educación pública como un bien fundamental, orientado a la construcción de una sociedad más
democrática y como un espacio de reflexión permanente sobre nuestrasociedad.

Consideramos que estos hechos responden al propósito de exterminar el pensamiento crítico y la universidad pública como escenario por excelencia de discusión y debate de diferentes posturas. Es así como la universidad viene siendo golpeada no sólo por la asfixia presupuestal sino por las continuas agresiones y señalamientos de que ha sido víctima, al estigmatizársele como “campo para la formación y el entrenamiento de terroristas”. Este tipo de acusaciones infundadas vulneran los derechos universales y universitarios como la autonomía, el derecho a la educación, la libre expresión, la asociación, al buen nombre y por tanto violentan la misma dignidad humana.
La arremetida contra la universidad no es un hecho aislado, por el contrario constituye un mecanismo de deslegitimación social, utilizado por el gobierno neoliberal para allanar el camino que permita profundizar las medidas de privatización de las entidades públicas. Al mismo tiempo hace parte de una estrategia de persecución y criminalización del legítimo derecho a la protesta, que se viene aplicando como parte de la actual política de “seguridad democrática”.

Es necesario hoy más que nunca hacer un llamado a la solidaridad nacional e internacional y aunar esfuerzos para frenar esta arremetida contra el pensamiento crítico. No podemos seguir callados e indiferentes ante la lógica autoritaria que pretende imponer un pensamiento único. Nuestra función crítica y responsabilidad histórica nos exige un compromiso ético que contribuya a consolidar alternativas de resistencia que garanticen el derecho a pensar diferente.

Miguel Ángel Beltrán V. Docente. Universidad Nacional de Colombia
María Isabel González T. Docente. Universidad Pedagógica Nacional
Alcira Aguilera Morales. Docente. Universidad Pedagógica Nacional
Ingrid Delgadillo Cely. Docente. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Jesue Parra Delgadillo. Estudiante. Universidad Externado de Colombia
Giselle Castillo Hernández. Docente Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Harold Córdoba. Docente. Universidad Pedagógica Nacional.
Olga Lucia Reyes. Docente. Universidad Pedagógica Nacional.
Sandra Ximena Gallego. Docente. Universidad Distrital Francisco José de Caldas.
Patricia Torres. Docente. Universidad Pedagógica Nacional.
Esperanza Bonilla Pardo. Docente. Universidad Pedagógica Nacional.
Gloria Janneth Orjuela Sánchez. Docente. Universidad Pedagógica Nacional.
Rosaura Rojas Cely. Docente. Fundación Universitaria Monserrate.
Antonio Silva Guendulain. Estudiante. Doctorado Estudios Latinoamericanos UNAM
Nylza Offir García. Docente. Universidad Pedagógica Nacional
Víctor Manuel Rodríguez Murcia. Docente. Universidad Pedagógica Nacional
Janet Ruiz. Estudiante posdoctoral. Universidad Nacional Autónoma de México
Mónica Uribe. Investigadora Social
Yeimy Cárdenas Palermo. Docente. Universidad Pedagógica Nacional
José Wilson González. Docente. Universidad Pedagógica Nacional
Lucio Oliver Costilla. Docente. Universidad Nacional Autónoma de México
Oscar García González. Estudiante de Posgrado Estudios Latinoamericanos UNAM
Ivan Francisco Mendoza Niviayo. Estudiante. Universidad Nacional de Colombia
Sarha Rodas Ch. Estudiante Universidad Nacional de Colombia
Cindy Vivian Rodríguez. Estudiante universidad Nacional de Colombia
Luis Javier Robledo. Docente. Universidad de Antioquia.
Sandra Lucía Rojas Prieto. Docente Universidad Pedagógica Nacional.
Camilo Jiménez Camargo. Docente. Universidad Pedagógica Nacional.
Ana María Alba Forero. Egresada C. Sociales. Universidad Pedagógica Nacional
Nubia Stella Lindo Rojas. Universidad Autónoma de México
Mariana del Rocío Aguilar Bobadilla. Estudiante de Doctorado UNAM
Corina Giacomello. Estudiante Doctorado de la UNAM
Fabrizio Larusso. Estudiante Doctorado UNAM
Isabel García Morales. Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
Raquel Sosa. Docente de la Universidad Nacional Autónoma de México
Alejandra Restrepo. Estudiante Universidad Nacional Autónoma de México
Adriana Báez. Estudiante doctorado. Universidad Nacional Autónoma de México
Lucila Polo Herrera. Estudiante doctorado. Universidad Nacional Autónoma de México
Daniel Inclán. Estudiante doctorado. Universidad Nacional Autónoma de México.
Pablo Tasso. Estudiante doctorado. Universidad Autónoma Metropolitana de México.
Patricia Rodríguez Santana. Docente Universidad Nacional de Colombia
Rafael Rubiano Muñoz. Docente Universidad de Antioquia.
Gabriel Ricardo Suarez. Estudiante Universidad Nacional de Colombia
Diana Larisa Caruso. Estudiante Maestría Universidad Nacional de Colombia
Catalina María Tabares. Docente Universidad de Antioquia
Sandra Patricia Hernández. Estudiante. Universidad Pedagógica.
Sandra Ximena Herrera. Docente. Universidad Pedagógica Nacional.
Fabiola Escárzaga, Docente. Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.
México.
Claudio Antonio Cruz Chuquen. Egresado Universidad Pública. Colombia
Astri Calderón. Estudiante Universidad Pedagógica Nacional
Carolina Castro. Estudiante Universidad Pedagógica Nacional
Consuelo López R. Docente Universidad Pedagógica Nacional.
Gabriel Ricardo Suárez. Estudiante Universidad Nacional de Colombia
Lina Rondón Daza. Egresado Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia
Pavel Santodomigo. Egresado Universidad Nacional de Colombia
Mónica Paredes. Estudiante Universidad Nacional de Colombia
Nadia Melisa Caruso. Egresada Universidad Distrital
Patricia Cely López. Egresada Universidad Distrital
Jacques De Novión. Estudiante doctorado. Universidad Nacional Autónoma de México.
Christian Tenorio Gutiérrez Estudiante Maestría UNAM
Rosana Schiariti Estudiante Maestría UNAM
COMUNICADO - CINEP PDF Imprimir Correo
Articulo Original (pulse aqui)

Bogotá, Noviembre 14 de 2008.

Profundamente preocupados del curso que sigan los acontecimientos relacionados con recientes declaraciones y capturas en contra de algunos miembros de las universidades públicas presentes en Bogotá y de algunos integrantes de ONG de derechos humanos, el Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP- y las entidades que suscriben este comunicado, hacemos un llamado urgente al Estado colombiano por el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales en nuestro país, recordando que en el marco del Estado de derecho la supremacía de los derechos debe estar siempre por encima de la “lucha antiterrorista”.

A partir de informaciones recabadas por nuestros investigadores, abogados y familiares de algunos de los capturados, se sabe que han sido detenidos cinco líderes sociales, tanto estudiantes como profesores y defensores de derechos humanos, sindicados de “rebelión”.
Hemos conocido que entre los detenidos se encuentran: William Javier Díaz Ramírez docente Universidad Distrital; Hugo Giovanni Hilarión integrante de FESCOL; María Antonia Espitia y Reyes López Ipayú estudiante Universidad Nacional; y, Edison Javier Reyes Roa integrante de Territorio Sur.

Ante estos acontecimientos, enfatizamos que para el desarrollo de la democracia en nuestro país se hace necesario que los organismos del Estado involucrados en estos hechos actúen de
acuerdo con lo establecido en la ley y La Constitución Política de Colombia.
El actual panorama social y político nacional exige de la justicia garantías procesales, de los
medios de comunicación objetividad en el trato de la información relacionada con estos hechos y del Estado su papel vigilante de la constitucionalidad colombiana. Este escenario debe permitirles a los colombianos en general garantías en el ejercicio de la libertad de expresión, organización y movilización, al igual que debe profundizar el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de la autonomía universitaria.

Hemos recibido información de abogados de las personas privadas de la libertad, quienes resaltan la prohibición impartida por la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación, para conocer las pruebas que existen en contra de las personas procesadas. Este hecho afecta el ejercicio de los derechos al debido proceso y defensa, lo cual podría tornar en arbitraria la privación de la libertad, conforme a los parámetros indicados por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.

Mauricio García Durán S.J.
Director CINEP

Suscriben:
CORPORACION VIVA LA CIUDADANÍA; CORPORACIÓN JURÍDICA UTOPÍA; CORPORACIÓN
NOMADESC
Destituyen a fiscal que investigaba a universitarios - Daniel Coronell PDF Imprimir Correo
Fuente: Revista Semana

El fiscal Mario Iguarán declaró insubsistente al fiscal Jorge Iván Piedrahíta, de la Unidad contra el Terrorismo, que había pedido listas de todos los estudiantes y docentes de las universidades Nacional, Distrital, Pedagógica, Libre y el Sena para investigarlos.

A esa exagerada decisión del fiscal Piedrahita se suma otra muy parecida que tomó esta semana, cuando ordenó interceptar los correos electrónicos de varias ONG internacionales. Ambas disposiciones son las principales causales de su destitución.

La orden de pedirles a aquellas universidades las bases de datos completas de su planta estudiantil y docente fue escándalo hace apenas dos semanas. Piedrahíta quería que aquellas instituciones educativas le entregaran a la Dijín “copia en medio magnético de la base de datos de la planta estudiantil y docente desde el año 1992 hasta 2008 a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen vinculadas dentro del proceso investigativo como miembros de grupos al margen de la ley”.

Pero luego el funcionario explicó que la orden se dio para verificar si a esas universidades pertenecían 55 personas mencionadas en una memoria USB hallada en un campamento de las Farc en febrero. Según dijo, los guerrilleros tenían unas hojas de vida muy completas de estudiantes y académicos que, según los archivos, constituían la oficina de recursos humanos de esa guerrilla.

Y aunque pidió disculpas públicas a los integrantes de las universidades, los rectores entendieron la solicitud como una persecución. Bastaba con enviar derechos de petición a cada universidad preguntando específicamente si esas 55 personas estudiaban o trabajan allí, mas no solicitar la base de datos completa, según explicaron juristas y rectores en aquel momento.

Pese a que los motivos principales de la destitución del fiscal Piedrahíta fueron aquellas órdenes de investigar a estudiantes, académicos y ONG, su proceder ha recibido más cuestionamientos.

En una columna publicada en SEMANA el 15 de noviembre de 2008 titulada ‘Un fiscal de camuflado’, Daniel Coronell contó una preocupante anécdota ocurrida en los últimos días del año 2005, en el municipio de Cabrera, Cundinamarca.

“Nidia Nery Delgado asegura que un grupo de militares allanó su casa, buscando guerrilleros. A la cabeza de la operación estaba el fiscal Jorge Iván Piedrahíta. Según la testigo, el funcionario judicial estaba "vestido con prendas militares, una pistola, botas militares y llevaba una subametralladora". Lo único sospechoso que los uniformados encontraron en la casa fueron varias medallas que Nidia Nery y sus hermanos habían ganado en la escuela. Al fiscal se le ocurrió que podían ser condecoraciones de la guerrilla”, relata el columnista.

Según Coronell, un albañil de ese mismo pueblo corrió con una suerte parecida a la de Nidia. Se trata de Jaime Zambrano, integrante de la UP, que fue capturado por el Ejército acusado de pertenecer a la guerrilla.

De acuerdo con el testimonio que cita el columnista, a Zambrano le pidieron declarar en contra de la familia de Nidia y cuatro personas más que él no conocía. Cuando lo llevaron donde el fiscal Piedrahita, el albañil dijo que los militares lo habían presionado para declarar en contra de esas personas, de las cuales él no podía decir nada.

“La reacción del fiscal, según Zambrano, fue llamar al militar que había remitido al detenido y decirle:

—Para qué me hacen perder tiempo con este pingo. Llévenlo, pélenlo y háganle lo que quieran.

Zambrano asegura que, asustado por esas palabras, empezó a gritar y a correr hacia la puerta. Dice que se salvó de "la pelada" porque unos vecinos lo vieron”, cuenta Coronell en su columna.

Al poco tiempo, la familia de Nidia y Zambrano fueron librados de cualquier cargo y salieron de la cárcel, pero tuvieron que irse de Cabrera por amenazas de paramilitares.

Pese a la destitución de Piedrahíta, las investigaciones contra algunos estudiantes y docentes continúan. La Fiscalía anunció que ratifica la detención de María Antonia Espitia, ex universitaria; Reyes López Ipayú, estudiante de la Universidad Nacional de Bogotá; William Javier Díaz, docente de la Universidad Distrital de Bogotá, y Carlos Andrés Cifuentes.

Estas cuatro personas fueron detenidos el 13 de noviembre y enfrentan cargos por supuestamente haber cometido el delito de rebelión como presuntos integrantes de las Farc. Sus hojas de vida aparecen en la memoria hallada en el campamento de las Farc.

Maria Antonia Espitia, le dijo a la agencia de noticias AP que ella es desmovilizada del M-19 y que la única relación que tiene con la Academia fue un diplomado que hizo en la Universidad Javeriana y que sí tiene relación con la Universidad Distrital, pero por medio de sus hijos, que estudian allá.

A otras siete personas les cerraron investigaciones por los mismos hechos y hay 53 prófugas.

Eso quiere decir que el caso de las personas que hacen parte de la academia sí se puede investigar, pero con prudencia y sin generalizar sobre los supuestos vínculos de estudiantes y docentes con grupos al margen de la ley.
Un fiscal de camuflado - Daniel Coronell PDF Imprimir Correo
Fuente: Revista Semana

El fiscal que hace unos días ordenó inspeccionar las bases de datos de universidades públicas y privadas en busca de presuntos guerrilleros tiene una historia personal interesante. Jorge Iván Piedrahíta Montoya -cuya decisión es absurda según calificados juristas, y persecutoria de acuerdo con rectores y estudiantes universitarios- está recién llegado al cargo de fiscal especializado de la unidad contra el terrorismo. Antes de serlo estuvo en otros puestos de la Fiscalía en Cundinamarca.

De caso en caso, y de pueblo en pueblo, el fiscal Piedrahíta ha ido dejando su huella.

Por ejemplo, en La Palma no lo recuerdan tanto por sus decisiones judiciales, como por su afición a hablar en la emisora local y por su Mágnum de cañón reforzado.

Y es que las armas le han gustado al fiscal Piedrahíta.

Un tiempo después, cuando se desempeñaba como coordinador de la Unidad de Fiscalías Seccionales de Fusagasugá, frecuentemente llevaba en la pretina, y a la vista, su pistola automática.

El tema sería apenas un detalle exótico de personalidad en un administrador de justicia -que teóricamente representa la civilidad- si no fuera porque además le gustan los uniformes. Tanto que, según algunos testigos, realizó allanamientos y capturas vestido de camuflado y portando dos armas de fuego.

Ocurrió en los últimos días del año 2005, en el municipio de Cabrera, Cundinamarca. Nidia Nery Delgado asegura que un grupo de militares allanó su casa, buscando guerrilleros. A la cabeza de la operación estaba el fiscal Jorge Iván Piedrahíta. Según la testigo, el funcionario judicial estaba "vestido con prendas militares, una pistola, botas militares y llevaba una subametralladora". Lo único sospechoso que los uniformados encontraron en la casa fueron varias medallas que Nidia Nery y sus hermanos habían ganado en la escuela. Al fiscal se le ocurrió que podían ser condecoraciones de la guerrilla.

Por orden del fiscal Piedrahíta, fueron capturados los hermanos y el padre de Nidia. Los sindicó de ser miembros de las Farc y de haber participado en un frustrado atentado contra el alcalde de Cabrera.

Similar suerte corrió un albañil que vivía en el mismo pueblo. Jaime Zambrano, cuyo pecado era ser miembro de la UP, fue apresado por el Ejército acusado por los mismos hechos. Un oficial le dijo que para salvarse debía declarar contra un grupo de personas, incluidos los familiares de Nidia y cuatro hombres más que él no conocía. Cuando lo llevaron ante el fiscal Piedrahíta, Zambrano le explicó que había recibido presiones y que no podía decir nada sobre esas personas.

La reacción del fiscal, según Zambrano, fue llamar al militar que había remitido al detenido y decirle:

—Para qué me hacen perder tiempo con este pingo. Llévenlo, pélenlo y háganle lo que quieran.

Zambrano asegura que, asustado por esas palabras, empezó a gritar y a correr hacia la puerta. Dice que se salvó de "la pelada" porque unos vecinos lo vieron.

Meses después, los Delgado y Jaime Zambrano fueron exonerados por la justicia y salieron de la cárcel. Sin embargo, no pudieron seguir viviendo en Cabrera. Las amenazas de los paramilitares los convirtieron en otros de los miles de desplazados por la violencia que malviven con sus familias en Bogotá.

En cambio, el fiscal Jorge Iván Piedrahíta llegó ascendido a la capital.

El hombre que con su error cambió dramáticamente la vida de estas familias es el mismo que se apresta a dictar decenas de órdenes de captura contra estudiantes y profesores universitarios.
El derecho al delirio - Eduardo Galeano PDF Imprimir Correo
Un saludo de solidaridad a tod@s l@s compañer@s que trabajan por que este mundo sea mejor...
Besos y abrazos


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Detenciones y amenazas contra profesores y estudiantes universitarios en Bogotá PDF Imprimir Correo


Tomado de Organización mundial contra la tortura – www.omct.org y Federacion Internacional de los Derechos Humanos – www.fidh.org

Ginebra – Paris, 24 de noviembre de 2008. La Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) manifiestan su seria preocupación sobre las recientes detenciones y hostigamientos en contra de varios miembros de las universidades públicas de la ciudad de Bogotá, tanto estudiantes como profesores, así como de algunos integrantes de ONG de derechos humanos, además de las recientes amenazas de muerte contra la comunidad universitaria de instituciones públicas de parte de las Águilas Negras.

En efecto, la OMCT y la FIDH han conocido que hace unos días se produjeron en la ciudad de Bogotá una serie de detenciones de un profesor y de estudiantes de universidades públicas, como la Universidad Nacional de Colombia, en el marco de una orden dada por la Fiscalía General de la República[1] con el fin de que se investiguen las bases de datos de varias universidades, vulnerando de esta manera derechos fundamentales tanto de estudiantes como de profesores.

A partir de las informaciones recibidas se tiene conocimiento que entre los detenidos se encuentran la Sra. María Antonia Espitia y el Sr. Reyes López Ipayú, estudiantes de la Universidad Nacional; la Sra. Cristina Isabel Guzmán, actriz de teatro y estudiante de la Universidad Nacional; el Sr. William Javier Díaz Ramírez, docente de la Universidad Distrital; el Sr. Hugo Giovanni Hilarión, integrante de la Friedrich Ebert Stiftung en Colombia – FESCOL, y el Sr. Edison Javier Reyes Roa, integrante de la ONG “Territorio Sur”.

Del mismo modo, los abogados de los detenidos han informado que la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación ha impartido la prohibición de conocer las pruebas existentes en contra de las personas procesadas, un hecho que afecta el ejercicio de los derechos al debido proceso y a la defensa, lo cual podría volver arbitraria la privación de la libertad, conforme a los parámetros indicados por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de las Naciones Unidas.

Esta oleada de detenciones se inscribe en el marco de la estigmatización que de ellos se ha hecho en discursos de autoridades o personas relevantes del Estado, desde el Presidente de la República, lo cual además ha originado la reactivación de graves amenazas de muerte provenientes del grupo paramilitar conocido como las «Águilas Negras» en contra de los estudiantes de las universidades públicas, en particular estudiantes y profesores de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá.

Se ha conocido que, durante los últimos meses diversos funcionarios del Estado colombiano han señalado en sus declaraciones, de manera genérica y sin individualizar responsabilidades, a organizaciones estudiantiles o grupos dentro de la comunidad universitaria, como colaboradores de la guerrilla.

Estos señalamientos han tenido un gran eco en los principales medios masivos de comunicación del país. En los últimos días, el grupo paramilitar las Águilas Negras ha aprovechado este acondicionamiento de la opinión pública para amenazar con la muerte física o simbólica, es decir con el destierro, a estudiantes y profesores de la Universidad Nacional. En efecto, hace pocos días llegó a varios correos electrónicos del medio universitario un mensaje que contiene graves amenazas. En el mensaje se afirma, entre otras cosas: « (…) declaramos objetivo militar a los subversivos infiltrados en la Universidad que supuestamente se abanderan de las luchas reinvindicativas, gremiales y sociales (…) ».

La OMCT y la FIDH expresan su serio rechazo e indignación frente a este tipo de detenciones y frente a la estigmatización y hostigamiento contra docentes, estudiantes universitarios y  miembros de organizaciones sociales, y señalan su grave preocupación por la falta de garantías en el territorio colombiano en cuanto al ejercicio de la libertad de expresión y asociación; al ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de la autonomía universitaria.

La OMCT y la FIDH urgen a las autoridades colombianas a que cesen sus señalamientos y categorización general hacia los estudiantes y profesores universitarios y a que tomen todas las medidas oportunas y apropiadas para garantizarles una protección eficaz. Se llama también a la liberación inmediata de los profesores y estudiantes en caso de que la Fiscalía General no esté en la medida de presentar las pruebas y los elementos que fundamentarían su detención.

Para mayores informaciones agradecemos que se comuniquen con:
OMCT: + 41 22 809 49 39
FIDH: +33 143 55 14 12


[1] El 10 de noviembre de 2008 se conoció la decisión del fiscal Jorge Iván Piedrahita Montoya, perteneciente a la unidad antiterrorista de la Fiscalía General de la Nación, de ordenar a la Policía Judicial -Dijín- realizar "inspección judicial a las bases de datos y libros de la planta estudiantil y docente de las universidades Distrital, Pedagógica, Libre, Universidad Nacional y Sena, desde el año 1992, a fin de realizar un descarte de las personas que aparecen dentro de la investigación como miembros de grupos armados al margen de la Ley". En el requerimiento a las universidades se solicita "copia en medio magnético de la base de datos de la planta estudiantil y docente desde el año 1992 a la fecha 2008".  Según estimaciones del viceministro de educación superior, las bases de datos solicitadas contienen información de por lo menos 1 millón 450 mil 000 personas, por lo cual no es legítimo ni razonable vulnerar sus derechos para buscar información de 55 personas que investiga la Fiscalía porque sus nombres aparecen en el computador de un guerrillero.

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