Articulo Original (pulse aqui)
Bogotá, Noviembre 14 de 2008.
Profundamente preocupados del curso que sigan los acontecimientos relacionados con recientes declaraciones y capturas en contra de algunos miembros de las universidades públicas presentes en Bogotá y de algunos integrantes de ONG de derechos humanos, el Centro de Investigación y Educación Popular-CINEP- y las entidades que suscriben este comunicado, hacemos un llamado urgente al Estado colombiano por el respeto al debido proceso y a los derechos fundamentales en nuestro país, recordando que en el marco del Estado de derecho la supremacía de los derechos debe estar siempre por encima de la “lucha antiterrorista”.
A partir de informaciones recabadas por nuestros investigadores, abogados y familiares de algunos de los capturados, se sabe que han sido detenidos cinco líderes sociales, tanto estudiantes como profesores y defensores de derechos humanos, sindicados de “rebelión”.
Hemos conocido que entre los detenidos se encuentran: William Javier Díaz Ramírez docente Universidad Distrital; Hugo Giovanni Hilarión integrante de FESCOL; María Antonia Espitia y Reyes López Ipayú estudiante Universidad Nacional; y, Edison Javier Reyes Roa integrante de Territorio Sur.
Ante estos acontecimientos, enfatizamos que para el desarrollo de la democracia en nuestro país se hace necesario que los organismos del Estado involucrados en estos hechos actúen de
acuerdo con lo establecido en la ley y La Constitución Política de Colombia.
El actual panorama social y político nacional exige de la justicia garantías procesales, de los
medios de comunicación objetividad en el trato de la información relacionada con estos hechos y del Estado su papel vigilante de la constitucionalidad colombiana. Este escenario debe permitirles a los colombianos en general garantías en el ejercicio de la libertad de expresión, organización y movilización, al igual que debe profundizar el ejercicio de la defensa y promoción de los derechos humanos, así como de la autonomía universitaria.
Hemos recibido información de abogados de las personas privadas de la libertad, quienes resaltan la prohibición impartida por la Unidad Antiterrorismo de la Fiscalía General de la Nación, para conocer las pruebas que existen en contra de las personas procesadas. Este hecho afecta el ejercicio de los derechos al debido proceso y defensa, lo cual podría tornar en arbitraria la privación de la libertad, conforme a los parámetros indicados por el Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas.
Mauricio García Durán S.J.
Director CINEP
Suscriben:
CORPORACION VIVA LA CIUDADANÍA; CORPORACIÓN JURÍDICA UTOPÍA; CORPORACIÓN
NOMADESC
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Campaña TJER Libertad 
