La demostración ciudadana del 6 de marzo por los derechos de las víctimas de los paramilitares, los parapolíticos y los agentes del Estado comprometidos en violaciones de derechos humanos, no sólo no cuenta con poderosos recursos económicos y mediáticos.

sábado, 16 de febrero de 2008

Se enfrenta además a las mentiras del Gobierno, las amenazas de los grupos paramilitares, y la manipulación de la agencia de noticias Anncol. Como si todo esto fuera poco, comienzan a registrarse presiones en determinadas empresas e instituciones tendientes a impedir la participación en los actos programados.

Esta semana, la Unión Sindical Obrera denunció que los directivos de Ecopetrol advirtieron a sus empleados que quienes no concurran a su puesto de trabajo el día 6 de marzo serán sancionados. La misma empresa convocó a su personal a participar en la marcha del 4 de febrero. En una de las sedes de la Universidad Libre de Bogotá aparecieron anuncios públicos llamando a estudiantes y profesores a no participar el 6 por “razones de seguridad y de orden público”.

Los actos del 6 de marzo no responden a un ánimo revanchista en relación con la manifestación del 4 de febrero. Su convocatoria no surgió como respuesta reactiva e improvisada. Desde hace más de dos décadas las asociaciones de víctimas y las organizaciones de derechos humanos vienen trabajando para que la sociedad colombiana reconozca la existencia de crímenes como la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, el genocidio, el desplazamiento forzado, etc.  Tampoco se trata de un acto excluyente.

El 6 de marzo en la Plaza de Bolívar se leerá un llamamiento firmado por organizaciones de víctimas de la guerrilla y de crímenes de Estado en el que se condenan todos los crímenes contra la humanidad. La manifestación convocada hace parte del legítimo derecho a exigir que la sociedad colombiana reconozca con la misma convicción a todas las víctimas, y se manifieste con la misma decisión contra todas las formas de violencia. Que un grupo de ciudadanos convoque a una demostración pública de estas características no debería suscitar tantos ataques y manipulaciones. Lo que demuestran esos hostigamientos es cuán lejos estamos aún como sociedad de los hábitos democráticos.

A pesar de todos estos ataques y obstáculos, las centrales obreras, algunos de los partidos políticos, emisoras radiales, el periódico El Espectador, varios columnistas de opinión y muchos ciudadanos han respaldado la iniciativa. No sé cuántas personas salgan a la calle el 6 de marzo de 2008. Espero que sean muchas. Quienes lo hagan estarán cumpliendo con el deber constitucional de defender los derechos humanos. Pero además, dadas las difíciles circunstancias en las que se realiza esta jornada de homenaje a las víctimas, estarán llevando a cabo un acto de elevado sentido ético. En medio de un creciente ambiente de intolerancia y discriminación, ejercerán su derecho a manifestarse públicamente.

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