¿Por qué se moviliza

el Movimiento Social Colombiano?

Porque el gobierno Santos miente e incumple con los acuerdos pactados. Una vez más vuelven las diferentes organizaciones sociales y populares a las carreteras y calles del país, los motivos siguen siendo los mismos, el constante incumplimiento del gobierno Santos y sus políticas neoliberales. Diferentes organizaciones rurales del país se han puesto de acuerdo para hacer evidente, ante la opinión pública y el pueblo, mediante la movilización, que el gobierno no ha cumplido con lo pactado desde las movilizaciones del año 2013. Al contrario, que han sido tres años de en­gaños, compra de líderes y represión contra los que no se venden y contra la gente que los apoya, de eva­siones en diferentes puntos, de militarización en los territorios, de abandono del campo, etc. Son por estas razones que el campesinado, los movimientos indígenas y afrodescendientes, así como diferentes sec­tores que tienen que ver con el campo, declaran el Paro Nacional e Indefinido desde el 30 de mayo del 2016.

Desde el 2010, con el anuncio por parte del gobierno nacional de la firma del TLC con EEUU, se ha venido in­crementando la problemática del agro y la tierra y, por consiguiente, también se incrementaron las movilizaciones campesinas por la reivindicación de sus derechos. El 19 de agosto de 2013 se dio comienzo al primer Paro Nacional Agrario, liderado por las organizaciones MIA, CNA y Dignidad Agropecuaria que duró hasta el 12 de septiembre del mismo año. Pese a la negativa del Gobierno de dialogar con una mesa única nacional, pues buscó negociar por separado los pliegos de petición de los diversos sectores rurales, aplicando la vieja táctica… “divide y vencerás”, los líderes del campesinado lograron sentar al gobierno en la mesa de negociación y así, luego de llegar a varios acuerdos, levantar el Paro. En sus pliegos de peticiones los campesinos pedían que les resolvieran el problema de acceso y ten­encia de la tierra, control de las autoridades respecto a los proyectos mineros, la implementación de políticas estatales que ayudaran a mitigar la crisis agropecuaria y el reconocimiento de los campesinos como sujetos políticos de dere­chos. Sin embargo, el incumplimiento por parte del Gobierno llevó a que el 28 de abril del 2014 se entrará a Paro nue­vamente. Esta vez, además de los problemas referidos en 2013, se sumaban a la ‘mortal sopa’ nuevos ingredientes: entrada al país de productos agrícolas por contrabando, encarecimiento de los precios de los fertilizantes, contin­uación del desplazamiento forzado de la población rural y falta de presupuesto suficiente para el campo colombiano. El Segundo Paro Agrario duro 21 días en los que, si bien se dio un cubrimiento sesgado y parcial por parte de los me­dios de comunicación, la presión social logró que el Gobierno se comprometiera a refinanciar las deudas que habían adquirido los campesinos a través de crédito de Banco Agrario promesa que a la fecha, al parecer, sigue en mora.

Pero también cabe rescatar el hecho de que ciertos sectores de “izquierda”, en cabeza del senador Jorge Rob­ledo del MOIR y Luis Aurelio Suarez, hayan hecho alianzas con sectores evidentemente Uribistas y con ciertas inclinaciones paramilitares, como lo es FEDEGAN y su capataz José Félix Lafaurie Rivera, en los paros del año 2013 y 2014. ¿Es esa alianza entre el MOIR y el Uribismo una actitud esperada en un grupo que dice defender los intereses del pueblo, sobre todo en un contexto de lucha y presión social como lo es un Paro? Vale la pena preguntarse cuál va a ser la posición de esos sectores en el actual Paro Nacional.

Son diferentes los problemas que aquejan al campo colombiano, pero sin duda alguna los más importantes tienen su origen en la repartición desigual de la tierra y en la implementación de políticas agrarias capitalistas que favore­cen a las grandes multinacionales, como sucede con los Tratados de Libre Comercio, llamados metafóricamente como las locomotoras extractivas: la minería, la agroindustria, las petroleras, etc. Los TLC´s ponen en desventaja al campesino y al pequeño productor nacional, que no tiene las condiciones técnicas y económicas para competir con los grandes productores extranjeros y que, además, tienen que vérselas con impuestos muy altos a los insumos que emplean para la fabricación de sus productos. Para evitar mostrarle al país que el campo está en la quiebra, el gobierno Santos ha implementado una serie de políticas asistencialistas o subsidiarias que son financiadas con recur­sos provenientes de la creciente deuda externa y de los impuestos de todos los colombianos, que maquilla el problema con limosnas y evade la solución de fondo. Asunto que podría solucionarse con la implementación de formas de pro­ducción agropecuaria alternativas (en armonía con el medio ambiente) y con la formación educativa de las personas del campo, con el mejoramiento de infraestructura vial, con la implementación de programas eficientes en seguridad alimentaria y de acceso a la tierra, con el reconocimiento y respeto a las organizaciones rurales campesinas, indígenas y afrodescendientes, entre otras.

La entrada del neoliberalismo en Colombia se da en un contexto de abandono del campo por parte del Estado, sobre todo en lo social; y la guerra, la falta de educación y el hambre, han implicado el desplazamiento forzado a las ciu­dades. Los territorios despojados para explotación minera, petrolera, agroindustrial, generan la deforestación de las selvas, la pérdida de la identidad y la vocación rural, campesina, indígena, afro, etc. El plan es perfecto y se ha venido implementando con éxito desde la llegada del “Plan Colombia” que hoy día ha hecho metamorfosis, lo llaman “Paz Colombia”, que es acabar con la resistencia popular en los lugares donde existe gran potencial para la explotación agroindustrial y minera, acabar con la naturaleza, con la insurgencia y con los procesos de organización, pues estos son los que impiden el “progreso” y la devastación.

El contexto del eventual acuerdo de paz entre las insurgencias y el Estado colombiano no es esperanzador, por el con­trario, puede significar un retroceso en materia social y puede que sea el comienzo de un nuevo exterminio, similar al de la Unión Patriótica. Los colectivos Libertarios vemos con preocupación la arremetida paramilitar en las diferentes regiones del país, así como el creciente asesinato de líderes, miembros de diversas organizaciones y partidos políticos de izquierda. Nos preocupa la llamada “resistencia civil” de los sectores de ultraderecha, en cabeza del señor Álvaro Uribe Vélez. Pero también debemos decir que nos preocupa la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición que existe en Colombia, debido a la violencia estatal y a la existencia de instituciones represivas como la Procura­duría General de la Nación, que lejos de funcionar como un ente de control contra la corrupción, es convertida en un recinto religioso y censurador al mando de monseñor Alejandro Ordóñez, recordado en Santander por organizar quemas de libros de filosofía y ciencia, y por hacer odas al paramilitarismo en el periódico local.

No queremos parecer pesimistas respecto al tema de la Paz, pero tampoco optimistas. Con el eventual acuerdo ente las guerrillas y el Estado, consideramos, no se logra la Paz, esa Paz neoliberal, pintada de colores, abrazos y guerras de almohadas. Creemos que acaba un conflicto armado de varias décadas, y que este fin es, a su vez, el resurgimiento de luchas y conflictos sociales en el país. Se silenciarán los fusiles pero no las voces de las personas y de los grupos sociales, que necesitan solución a los problemas más elementales, como lo es el acceso a una vivienda digna, a la tierra, tecnificación, a la educación para alcanzar la libertad, a empleos dignos y bien pagos, garantías para la libre expresión y para la libre organización, para la protesta social y para el ejercicio político. Consideramos que esos aspectos no están en los planes de la derecha colombiana y creemos que las soluciones, más allá de una refrendación en las urnas o un marco jurídico especial para blindar los acuerdos en la Habana, parten de que el Estado, poco a poco y sin poner resistencia, vaya dando paso a la libertad del individuo, a la libre determinación, al desmonte de las instituciones paternalistas y a su contrato social o moral: tan manchado de sangre y muerte en nombre del poder y el capital.

Bogotá, 01 de Junio del 2016.